Arrasan con zona arqueológica de Chimalhuacán

Con el aval del INAH, el municipio construyó un teatro que contenía material arqueológico, ya que el predio se ubica a sólo 80 metros de lo que fue el antiguo centro ceremonial

CIUDAD DE MÉXICO.

Las autoridades del municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, construyeron un nuevo recinto sobre vestigios de la sociedad prehispánica que ahí se desarrolló hace más de mil 200 años. Con aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el municipio construyó un teatro de 200 millones de pesos que arrasó con material arqueológico que existía en un predio localizado a sólo 80 metros de lo que fue el antiguo centro ceremonial.

“El caso es igual de ignominioso que el de la capilla de Tlaxcala (denunciado por el Conaculta ante la PGR en julio pasado), donde de la noche a la mañana desaparecen vestigios arqueológicos”, considera el abogado, especialista en patrimonio, Francisco Dorantes Díaz, quien afirma que en Chimalhuacán han sido violados diferentes artículos de la Constitución Mexicana, de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, así como las garantías individuales de los pobladores de la localidad, ubicada a sólo 19 kilómetros de la Ciudad de México.

“Estamos ante un caso grave de violación de derechos humanos y de afectación del patrimonio cultural. Desafortunadamente, la población no ha tenido una respuesta específica y concreta de las autoridades, es una situación grave”, agrega. En Chimalhuacán, muchas familias conservan bolsas llenas de vestigios arqueológicos que rescataron ellos mismos de los escombros que fue dejando la obra del gobierno municipal.

Teatro que está sobre restos arqueológicos

La construcción del Teatro Municipal de Chimalhuacán comenzó rodeado de irregularidades; el espacio para mil 700 espectadores, con área de exposiciones y escenario para una orquesta, fue construido en un predio de más de 28 mil metros cuadrados colindante al antiguo casco del rancho El Molino, que las autoridades lograron expropiar a su favor (mediante decreto publicado el 25 de octubre de 2010, en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México) argumentando “que carece de valor histórico, artístico y/o cultural” a pesar de estar catalogado como bien inmueble histórico por parte del INAH.

Restos encontrados en el sitio

Con el predio obtenido, el gobierno del antorchista Tolentino Román Bojórquez inició la construcción en febrero de 2012. Mediante una llamada anónima, los pobladores de Chimalhuacán comunicaron al INAH de los trabajos; a partir de marzo de ese año, y también se dirigieron al gobierno estatal, la Presidencia de la República y las Cámaras de Diputados y Senadores, solicitando su intervención para detener la construcción del estacionamiento subterráneo.

Los pobladores iniciaron entonces un plantón en las afueras del predio en construcción y fue en ese momento cuando rescataron miles de piezas arqueológicas, desde figuras de piedra, pequeñas figurillas de barro, cuentas y otros objetos, que hoy conservan en sus casas. La protesta fue desbaratada por una marcha de antorchistas que encabezó la presidenta interina, Rosalba Pineda, quien negó la existencia de bienes arqueológicos en el área de construcción.

Por esos días, la entonces coordinadora Nacional de Arqueología, Nelly Robles informó a los chimalhuaquenses que existía una orden de suspensión de los trabajos e instruyó al delegado del Centro INAH, Estado de México, Alberto González Batani, a estudiar la zona. El funcionario firmó un convenio con Rosalba Pineda, con el que el municipio se comprometió a proporcionar los recursos materiales y humanos para llevar a cabo estudios arqueológicos.

Larga lista de bienes

Un Informe Técnico Parcial realizado por los arqueólogos Raúl García Chávez y Rosalba Aguilera, determinó en 2012 que en el “área de registro” no existía “ninguna construcción prehispánica o colonial o histórica que haya sido afectada por los trabajos de excavación”. Sin embargo, meses después los mismos especialistas del INAH presentaron su informe final, en el que dan cuenta de la existencia de una estructura prehispánica y enumeran una larga lista de objetos encontrados en el lugar.

El informe, cuya copia posee Excélsior, incluye el reporte de campo (204 páginas), análisis de los materiales arqueológicos (147 páginas) y un catálogo exhaustivo de materiales de 489 páginas. Los arqueólogos partieron de la hipótesis de que en la zona se ubicó un “cuerpo de agua” en el que se alojaron diferentes materiales que fueron arrastrados por la gravedad y corrientes pluviales. Cerca del sitio ubicaron una construcción “hecha a la orilla del agua” en la fase Azteca II (hacia 1300 d.C.), una de las pocas evidencias arquitectónicas “descubiertas en la Cuenca de México” de esta fase.

Entre los cientos de piezas que ubicaron los arqueólogos, se encuentran cerámica, lítica tallada y pulida, así como figurillas. El INAH liberó el predio al municipio el 31 de octubre de 2012 mediante el oficio 401. B (4) 77.2012/1702. El abogado Francisco Dorantes, cree que la actuación de las autoridades violó los Artículos 1o y 4º de la Constitución “que establece el derecho de todas las personas al acceso a la cultura”.